Actualización: El Decreto-Ley nº 18, de 17 de marzo de 2020, objeto de este artículo, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 17 de marzo de 2020, nº 70, bajo el título: "Medidas de refuerzo del Servicio Nacional de Salud y de apoyo económico a las familias, trabajadores y empresas relacionadas con la emergencia epidemiológica por COVID-19".
Confirmamos, basándonos en el texto oficial, todos los análisis y consideraciones expresados en el artículo publicado a continuación.

Tal y como se había anunciado, el Consejo de Ministros aprobó en su sesión del 16 de marzo un decreto ley (denominado "Curar Italia"), el segundo tras el del 2 de marzo, que contiene nuevas medidas extraordinarias de apoyo a la economía y a las familias en relación con la emergencia epidémica del COVID-19

Por razones obvias de necesidad y urgencia, se ha optado por el instrumento del decreto ley, que entra en vigor inmediatamente después de su publicación en el Boletín Oficial y que luego será convertido en ley y presumiblemente modificado por el Parlamento. El texto, debido a la situación de emergencia, necesita ciertamente ajustes y perfeccionamientos que podrían tener lugar en la Cámara, así como oportunas indicaciones operativas y aplicativas para concretar las numerosas facilidades introducidas.

Con respecto a la totalidad del decreto, nos centramos aquí estrictamente en las prestaciones introducidas en favor de las personas que ayudan a los familiares con discapacidad y en las que se conceden a los propios discapacitados que son trabajadores por cuenta ajena.

Permisos de trabajo (Ley 104/1992)
Un artículo específico (artículo 24) prorrogaría excepcionalmente -para los meses de marzo y abril de 2020- los permisos de trabajo previstos en el artículo 33 de la Ley 104/1992.
En realidad, el texto literal es bastante ambiguo y se presta a diferentes lecturas; el artículo dice textualmente: "El número de días de vacaciones mensuales retribuidas cubiertas por la cotización ficticia, de conformidad con el artículo 33, apartado 3, de la Ley nº 104 de 5 de febrero de 1992, se incrementa en 12 días más en total que pueden disfrutarse en marzo y abril de 2020.

La primera lectura más favorable es: en el régimen normal, los días de vacaciones son 3 mensuales; con el nuevo decreto serán 15 mensuales. Esto suma 12 mensualidades.
La segunda lectura, menos favorable y condicionada por ese "total", es que para marzo y abril se suman un total de 12 días de permiso. Lo que significaría que el total de permisos sería: 3 (ya programados para marzo) + 3 (ya programados para abril) + 12 (a repartir entre marzo y abril) = 18 días totales de permiso entre marzo y abril.

El legislador es el único que puede decidir cuál es la interpretación correcta.

Actualización: las indicaciones posteriores de la Oficina de Políticas de Discapacidad, del INPS (mensaje 1281 y circular 45) y del Ministerio de Trabajo -de las que informamos en otros artículos- han adoptado la siguiente interpretación: 3 (ya programados en marzo) + 3 (ya programados en abril) + 12 (a distribuir entre marzo y abril) = 18 días totales de permiso entre marzo y abril.

Más allá de estos aspectos, hay que decir que el texto del decreto se refiere a los permisos previstos en el apartado 3 del artículo 33 de la Ley 104/1992: se trata de los permisos de tres días (no de los permisos por horas) y son los que se conceden a los padres y familiares de las personas con una gran invalidez constatada y documentada; estos permisos se amplían por el apartado 6 del mismo artículo 33 a los trabajadores con una gran invalidez constatada.

Actualización: El INPS, en su mensaje nº 1281 de 20/03/2020, especificó que la ampliación de los permisos se refiere únicamente a los trabajadores que asisten a personas con discapacidades graves y no a los trabajadores con discapacidades graves. Posteriormente, mediante la circular nº 45, corrigió esa primera versión especificando que la ampliación de los permisos se aplica tanto a los trabajadores que asisten a personas con discapacidades graves como a los trabajadores con discapacidades graves.

En los próximos días probablemente también habrá indicaciones operativas del INPS y de la Administración Pública, si no también del Ministerio de Trabajo.

Ciertamente, la prórroga de los permisos es más fácil para quienes ya están autorizados y los utilizan.

A la espera de las indicaciones operativas, le sugerimos que acuerde ya la utilización con la empresa o administración de la que depende, añadiendo así los 12 días extra a los 3 ya utilizados o programados. Al presentar su solicitud, recuerde citar el "artículo 24, apartado 1 del Decreto Ley nº 18 de 17 de marzo de 2020". Como alternativa, puede esperar las indicaciones operativas que le llegarán del INPS (para los particulares) o del Dipartimento Funzione Pubblica o de su propia administración para los empleados públicos.

Las demás normas relativas a la remuneración, la cobertura de la seguridad social, la persona de contacto única, la distancia máxima del domicilio de la persona asistida, etc., no se modifican.

Otras normas en favor de los trabajadores con discapacidad
Otra novedad que puede tener un impacto considerable en los trabajadores con discapacidades se encuentra en el artículo sobre "medidas urgentes para la protección del periodo de vigilancia activa de los trabajadores" (artículo 26). Este artículo amplía algunas disposiciones ya presentes en el decreto ley del 2 de marzo. Responde a la situación singular de los trabajadores que se encuentran en esa situación de "vigilancia activa", lo que se denomina más sencillamente "cuarentena", es decir, los casos en que una persona está aislada en su domicilio por haber estado en contacto con personas infectadas por el CODIV-19.

Estas personas no pueden trabajar aunque no estén técnicamente de baja. La combinación de los dos decretos -el nuevo y el del 2 de marzo- equipara esta condición con la hospitalización, por lo tanto un estado asimilado a la enfermedad y como tal pagado. Al mismo tiempo -y esto es igualmente relevante- la ausencia no se contabiliza a efectos de comporto, es decir, ese periodo de ausencia por enfermedad más allá del cual ya no se tiene derecho a mantener el puesto de trabajo y se puede despedir por exceso de morbilidad (enfermedad).

En este marco, se reconoce el mismo estatus (hospitalización) hasta finales de abril, independientemente de la condición de "vigilancia activa", también a los empleados públicos y privados en posesión del reconocimiento de discapacidad con connotación de gravedad de acuerdo con el artículo 3, párrafo 3, de la Ley nº 104 de 5 de febrero de 1992, así como a los trabajadores que estén en posesión de una certificación "expedida por los órganos médico-legales competentes", que acredite una condición de riesgo derivada de una inmunodepresión o del resultado de patologías oncológicas o de la realización de terapias pertinentes para salvar la vida, aunque no estén en posesión de la certificación de discapacidad con connotación de gravedad (basta con el apartado 1 del artículo 3).

También en este caso hay aspectos de aplicación que deben aclararse. La más delicada es, sin duda, la relativa a la identificación exacta de los "organismos médico-legales competentes" llamados a expedir los certificados previstos por el legislador. La lectura más coherente sería la de los servicios de medicina forense de las ASL, aunque desde una perspectiva operativa y de tiempo esto plantea una serie de problemas.

Por otro lado, la aplicación parece ser más sencilla para los trabajadores con un certificado de discapacidad con connotación de gravedad, que podrían acceder a la nueva oportunidad simplemente notificándolo a su empresa. Sin embargo, estos últimos deberán tener indicaciones operativas sobre cómo comunicar la ausencia y obtener la compensación.

Permiso parental para los padres
Observaciones preliminares: el sistema de los diferentes permisos (diferentes en cuanto a condiciones de acceso, finalidad, oportunidad, remuneración) se basa en el texto actual del Decreto Legislativo 151/2001. En particular, para el cuidado y la educación de los hijos, solemos referirnos a los permisos previstos en el artículo 32 (Permiso parental) y 33 (Ampliación del permiso por incapacidad).

Para lo que queda del año 2020, se introduce una nueva fórmula de permiso (Art. 23 - privado - Art. 25 - público) a favor de los padres (incluidos los padres de acogida), como alternativa a los permisos que hemos mencionado anteriormente (Art. 32 y 33): 15 días mensuales retribuidos a 50% (en lugar de los 30% de otras fórmulas).

El nuevo permiso se concede normalmente en el caso de los niños hasta los 12 años; en el caso de los discapacitados graves, independientemente de la edad, siempre que estén matriculados en escuelas de todos los niveles o alojados en guarderías.

El permiso se concede alternativamente a ambos progenitores, por un total de 15 días al mes, y está sujeto a la condición de que no haya ningún otro progenitor en el hogar que sea beneficiario de herramientas de apoyo a los ingresos en caso de suspensión o cese del trabajo u otro progenitor desempleado o que no trabaje.

Una vez más, siguen faltando las directrices para solicitar el nuevo permiso.

También se ofrece una facilidad similar a los padres que trabajan y que están inscritos exclusivamente en la Gestión Separada o a los trabajadores autónomos inscritos en el INPS. Tienen derecho a disfrutar de un permiso específico para el que se reconoce una indemnización que compensa parcialmente el trabajo no realizado.

Sólo hay que señalar que todos estos beneficios no se extienden a otras relaciones familiares que no sean las de padres/hijos, como las de cónyuge, hermano/hermana, hijo/padre.

Como alternativa a estas prestaciones laborales, el decreto prevé (hasta finales de año) el pago de una bonificación por la compra de servicios de canguro hasta un límite máximo total de 600 euros que se abonará previa solicitud a través de la "cartilla familiar". El INPS dará instrucciones operativas y controlará los gastos. Si se supera el presupuesto asignado, el INPS notificará la denegación de las solicitudes recibidas (de las que se superen). Esta bonificación también se limita a los padres y no a otros grados de parentesco.

Derecho al trabajo ágil
En las últimas semanas se ha generalizado el uso de términos como "trabajo ágil" o "trabajo inteligente", a pesar de que ya eran objeto de elaboración en los últimos años y también de una regulación normativa aunque relativamente reciente (en particular la Ley nº 81, artículos 18/23 de 22 de mayo de 2017)

El llamado "trabajo ágil" y, por tanto, la articulación flexible en tiempo y lugar del empleo en este periodo adquiere un significado con implicaciones diferentes: es útil alejar físicamente a las personas de sus lugares de trabajo habituales para evitar la propagación del contagio. Esto significa básicamente, siempre que sea posible, realizar el trabajo en casa.

Un artículo específico (el artículo 39) del nuevo decreto establece que, excepcionalmente (hasta finales de abril), los empleados con discapacidades graves (apartado 3 del artículo 3 de la Ley 104/1992) o que tengan una persona con discapacidades graves en su hogar, tienen derecho a trabajar en modo ágil "salvo que sea compatible con las características del servicio".

Como es fácil adivinar, se trata de un derecho bastante volátil y, en cualquier caso, limitado a las situaciones en las que es realmente posible desempeñar las funciones a distancia. Un texto que, no por casualidad, es un presagio de litigio, ya que la evaluación de esa "compatibilidad" es más bien discrecional.

Sobre la base de esta indicación, la aplicación del "trabajo ágil" puede solicitarse ciertamente si se cumplen los requisitos prácticos.

Por otro lado, hay más incertidumbre a la hora de asesorar en caso de negativa, si no es para iniciar un litigio de tiempo y resultado inciertos.

Cierre de guarderías
En las últimas semanas se ha discutido mucho sobre la opción preferida de las llamadas "guarderías" o, más apropiadamente, centros semiresidenciales: ¿cerrarlas de la misma manera que las escuelas o no?

Por un lado, existe un mayor riesgo de contagio y, por otro, una carga de cuidados que quizás la mayoría de las familias no podrían soportar durante mucho tiempo.

El decreto, además de las facilidades de trabajo más amplias descritas anteriormente, interviene en este punto (artículo 47).

Se suspenden las actividades de todos los centros semiresidenciales de carácter socioasistencial, socioeducativo, multifuncional, sociolaboral, sanitario y sociosanitario para personas con discapacidad. Observamos que son prácticamente todos, excepto los centros de rehabilitación extensiva ambulatoria y similares.

La autoridad sanitaria local puede, de acuerdo con las entidades gestoras de los centros de día (pero sólo de los centros sociosanitarios), activar intervenciones "inaplazables" a favor de las personas con discapacidad con alta necesidad de apoyo sanitario, en la medida en que el tipo de servicios y la organización de las propias instalaciones permitan el cumplimiento de las medidas de contención previstas.

¿Cuáles son las intervenciones "inaplazables"? La norma no lo dice, por lo que deja la discreción a las ASL.

La disposición también consagra el principio de que, mientras dure la emergencia, las ausencias de las actividades de los centros, independientemente de su número, no son motivo de despido o exclusión de los mismos.

Además de las prestaciones laborales mencionadas, el mismo artículo sobre los centros de día añade un elemento: la ausencia del trabajo de uno de los progenitores convivientes de una persona discapacitada no puede constituir una causa justa de rescisión del contrato de trabajo (artículo 2119 del Código Civil), siempre que se comunique previamente y esté motivada por la imposibilidad de atender a la persona discapacitada tras la suspensión de las actividades del centro de día.

Servicios a domicilio
El decreto, aunque tímidamente, intenta abordar (artículo 48), aunque con distinciones y dejando margen a las administraciones, la situación derivada de la suspensión de los servicios educativos y escolares y de las actividades sociales y asistenciales en los centros de día para personas mayores y para personas con discapacidad

Se considera una emergencia de protección civil que da lugar a un estado de necesidad. En este escenario, el decreto prevé que las administraciones públicas presten, "teniendo en cuenta el personal disponible" ya empleado en estos servicios, aunque sean contratados por entidades que operen en régimen de convenio, concesión o contrato, servicios en formas individuales a domicilio. Otra posibilidad es que esos servicios se presten a distancia o en cumplimiento de las directivas sanitarias en los mismos lugares en los que se prestan normalmente los servicios, pero sin recrear la agregación y, por tanto, los "montajes".

Dichos servicios podrán realizarse de acuerdo con las prioridades que determine la administración competente, mediante la coplanificación con las entidades gestoras, empleando los mismos operadores y los fondos ordinarios destinados a tal fin, "en las mismas condiciones de aseguramiento que hasta ahora, incluso en derogación de cualquier cláusula contractual, de convenio o concesional, adoptando protocolos específicos que definan todas las medidas necesarias para garantizar la máxima protección de la salud de operadores y usuarios."

Esencialmente, el gobierno espera que se haga todo lo posible para seguir prestando atención o apoyo, en casa y en otros lugares, siempre que se cumplan las directrices para contener la infección.

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